Pedro Alberto Cruz ya ha sido dado de alta y en las próximas horas volverá a su trabajo como Consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, cargo que por poco le cuesta la vida. Lo sucedido en las últimas semanas debería preocuparnos a todos. ¿Es normal que la vivienda familiar de un presidente autonómico sea atacada con huevos y petardos y que su hija sea insultada y acosada? ¿Es normal que un Consejero sea agredido por tres jóvenes con un puño de hierro en la puerta de su casa? ¿Y es normal que todo esto suceda por la aprobación de una Ley cuyo fin es reducir el déficit de la región y cumplir lo impuesto desde el Ministerio de Economía para que el Ejecutivo pueda emitir deuda pública y afrontar los presupuestos de 2011?
La crisis económica tiene responsables. El aumento del paro también. Y el déficit en las comunidades autónomas. Pero hoy no quiero denunciar otra cosa que la respuesta violenta ante las discrepancias políticas. Gobernar es complicado, sobre todo en un sistema con dos administraciones que duplican y contradicen sus funciones y con un Gobierno central incapaz de actuar a tiempo cuando hay problemas. Pero la agresión física a un gobernante, elegido democráticamente por los ciudadanos, por hacer su trabajo y por tomar una decisión que no comparten, es inaceptable. Es terrorismo.
En Murcia se está gobernando con presión y miedo. Ya hay un detenido y la versión de los sicarios a sueldo molestos por haber perdido algún recurso económico vinculado a la Consejería que dirige Cruz, es espeluznante. Tanto los sindicatos como el Delegado del Gobierno deben poner atención a su discurso, dado el tenso clima que se vive en la región desde que se aprobó la Ley de Medidas extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
Desde las Nuevas Generaciones de Moncloa-Aravaca, no vamos a señalar culpables porque confiamos en la justicia y en la racionalidad de la oposición política y sindical en Murcia. Pero sí pedimos a la izquierda regional que tome conciencia de su responsabilidad política y con la seguridad de los murcianos y del gobierno de Ramón Luis Valcárcel, sobre todo de cara a unas elecciones autonómicas donde ciudadanos y políticos podrán defender democráticamente sus ideas mediante la candidatura y el voto. No con violencia. Ahora más que nunca, deben saber que la agitación social no es legítima para buscar los resultados electorales.
Sonia G., Secretaria de Publicaciones de NNGG Moncloa-Aravaca
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