Lo que está pasando en El Aaiún es complicado y hay demasiadas bocas opinando en forma de falso testimonio. Los activistas dicen, entre otras cosas, que el Gobierno de España “no habla con contundencia”. Sí lo ha hecho, lo que pasa es que a ellos no les han gustado sus palabras y siguen insistiendo hasta escuchar lo que les interesa, aprovechando los focos para difundir su credo.
Zapatero ha dicho algo coherente: el Gobierno tiene que anteponer “los intereses de España” en el conflicto saharaui. El problema es que se ha dejado algo importante; tan importante como es la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde hace poco más de una semana, en el Sahara Occidental se está atentando contra la libertad de información de los ciudadanos, incluidos los periodistas españoles que no pueden acceder a El Aaiún o han sido expulsados. Y más importante aún, la violencia física desplegada en el campamento Dignidad y en las calles de El Aaiún.
Por tanto, el Gobierno socialista tiene dos cosas pendientes: condenar la violencia y defender el derecho a la información. Por supuesto, se va a investigar la muerte del saharaui con nacionalidad española en los disturbios del campamento y no dar por hecho que ha sido víctima del 'descontrolado ataque marroquí'. Primero hay que saber qué ha pasado para después poder juzgarlo.
La salida definitiva de las tropas españoles del Sahara Occidental fue a principios de 1976; ni en el 73 ni en el 74, señor Marcelino Iglesias. Desde entonces, la realidad administrativa del territorio oscila entre el Frente Polisario y Mauritania, y Marruecos. La ONU, que es quien debería ser contundente como organismo internacional, habla con interferencias. El resto de países solo se pronuncian según sus intereses, que es lo más lógico. Y España, que salió por patas en el 76 (repito, en el año 1976) y ha acatado el carácter neutral activo dictado por Naciones Unidas, no tiene ninguna responsabilidad como tal en el Sahara más allá de lo dicho: denunciar la violencia y defender los derechos humanos y civiles.
El tema de la autodeterminación y eso de 'la liberación del pueblo saharaui' incumbe a los saharauis, a Marruecos y a Mauritania. Y si alguien tiene que tomar parte en el conflicto es la Comunidad Internacional, dentro de la que España se incluye. Pedir a Zapatero, a Rubalcaba o a Jiménez que intermedien es arriesgarse demasiado. En todo caso, es más recomendable la intervención del Rey porque ZP es capaz de pactar con Marruecos la independencia del Sahara a cambio de Ceuta y Melilla o, quien sabe, hasta las Islas Canarias. Créanme...
Ahora bien, sí tenemos cierta responsabilidad moral por nuestro reciente pasado en la zona, igual que la tienen Mauritania y Argel. Y dejar que Marruecos consolide su posición de control en el Sahara Occidental podría perjudicar 'los intereses de España' a los que alude ZP a largo plazo, en lo que refiere a Ceuta, Melilla y Canarias. Como decía, una situación un tanto complicada de definir pero que un Gobierno recién reformado, como el de Zapatero, debería poder afrontar con profesionalidad. Lástima que ni Trini, ni Rubalcaba ni el Presidente estén capacitados. Y luego está Moratinos, que después del disgusto que se llevó tras dejar la cartera, se convierte en enviado especial de Exteriores y sin cobrar.
El CNI español apunta entre 400 y 800 detenidos por los marroquíes y ha constatado sólo dos muertos, frente a los 39 que denuncian los activistas. Marruecos pierde credibilidad y legitimidad al no permitir la entrada a los medios, un error ya que la falta de información de profesionales de la comunicación actúa en favor de los activistas, que ven “cabezas abiertas”, palizas a civiles indefensos y “muertos por todas partes”. Dicen que la violencia por parte de los saharauis es en defensa propia, que “ya no creemos en una solución pacífica” y que “después de 35 años esperando y 19 de alto al fuego, no entendemos de qué hay que hablar con Marruecos”. Los defensores de la libertad y los derechos humanos en el Sahara Occidental llaman abiertamente a la sublevación y los medios les dan el micrófono y se quedan tan anchos. Con todo mi respeto y admiración hacia aquellos que de forma voluntaria participan en una causa humanitaria: que otros maten no da derecho a matar y que un grupo pida la autodeterminación de un territorio no obliga a un país a apoyarlo. Falta información para poder hablar con claridad, pero lo que sí sabemos de momento es que se está recurriendo a la violencia y por las dos partes. Y eso es lo que hay que denunciar.
Sonia G., Secretaria de Publicaciones de NNGG Moncloa-Aravaca
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