España y el resto de la Unión Europea también deben hacer frente al problema de la inmigración ilegal

Vuelve la polémica en torno a la repatriación de inmigrantes en situación ilegal. Esta vez ha sido el gobierno de Sarkozy quien ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos. Pero lo cierto es que el país galo ha actuado dentro del marco de su legislación y ha hecho frente a un problema que afecta a toda la Comunidad Europea, aunque sólo lo han atajado algunos países como Italia, Holanda o Suiza, y ahora Francia. Países a los que la izquierda europea tacha de xenófobos y racistas.

La Ley de extranjería española hace referencia a los derechos y libertades de los extranjeros, que en nuestro país se cumple a rajatabla. No sucede lo mismo con sus obligaciones, el control de las infracciones y el procedimiento sancionador. Ante nuestra Justicia, la situación de un inmigrante suele atenuar las sanciones, cuando las infracciones graves y muy graves deberían llevar implícita la expulsión del país.

París ha anunciado su intención de repatriar, durante este mes de agosto, a unos 700 inmigrantes rumanos y búlgaros de origen gitano que viven en campamentos ilegales en Francia. Decenas de ellos han aceptado la medida de forma voluntaria con un vuelo gratuito y 300 euros por persona. El gobierno búlgaro no ha criticado la decisión gala pero tampoco ha ofrecido una respuesta política, jurídica y social ante un conflicto cuyo origen está en su propio país.

Esto no es un ataque al derecho de libre circulación en territorio de la UE. Es una medida necesaria ante el vacío legislativo europeo para los inmigrantes sin ocupación ni posibilidades económicas, que además suponen una amenaza para la seguridad ciudadana por el demostrado alto índice de violencia que generan.

La tarjeta azul europea es un instrumento para atraer a nacionales de terceros países muy cualificados en diversos campos para fines de empleo dentro de la Unión. Pero, ¿es esto suficiente? La política de inmigración europea, sobre todo en lo referente a la situación de ilegalidad, no se ha estudiado de forma conjunta y consensuada por todos los países europeos. Esto hace que la decisión de Francia, al igual que pasó con Italia, suponga el traslado del problema a otros países, donde este colectivo encontrará menos barreras para asentarse, como España. Y entonces vuelve a surgir el conflicto, la inestabilidad social y económica por el aumento de las prestaciones con las mismas contribuciones, y los ataques xenófobos.